Por Ernesto Casillas Canales
Ahora que la Revocación de Mandato es orden, precepto, prescripción y/o principio constitucional, ha provocado amplio debate nacional en comparación a la antigua percepción de letra muerta, simulación, ficción o apariencia que se tenía en el otro sistema.
Como personajes de élite Lecho Córdova, Ciro Murayama y el secretario técnico Edmundo Jacobo Molina, han sido motivo de discusión durante semanas y meses recientes que han desprestigiado la institución como nunca.
Empeñados en defender las mieles y privilegios del puesto, han chocado con la Cámara de Diputados, con la Presidencia de la República, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se han exhibido no como árbitros imparciales para lo que fueron nombrados, sino como grupo preocupado por mantener las prebendas y privilegios en lugar de buscar el desarrollo democrático del país.
Quisieron chantajearnos diciendo que carecían de presupuesto para hacer la consulta, pero la Suprema Corte les ordenó con base en el 35 constitucional hacerla con su presupuesto ordinario en respeto a la Norma Suprema.
Se les presentó un plan de austeridad donde contemplan nuevo tabulador de salarios, aplicar el dinero de fideicomisos y hacer ajustes en el gasto de operación, así mismo, recomendaron cancelar los seguros médicos de gastos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores.
Rescatamos información que circula en redes sociales que ejemplifica claramente la existencia de dos INEs, el de los jerarcas con sueldo de $ 262 mil pesos y, el INE del pueblo, el que está en los módulos, el que le da la credencial, el que le atiende, el que gana $ 7 mil 664 pesos al mes.
En el INE de los jefes tienen seguro de vida, de separación, seguro colectivo de retiro, de gastos médicos mayores que incluyen hasta operaciones de rejuvenecimiento facial con cirugías plásticas, mientras al segundo en 2018 les dotaban de 40 pesos para pagar lo que llaman gastos de campo -incluye alimentación tres veces al día y pernocta de tres noches-, dice empleado entrevistado por Contralínea.
En 2019 aumentaron los gastos de campo a 100 pesos diarios, de los cuales les descontaban rigurosos impuestos, recursos que les depositaban mediante nómina, debiendo justificarlos con rigurosa factura.
En el INE rico tienen gastos para combustible de $ 3 mil 500 pesos mensuales, mientras en el pobre escasamente tienen para el urbano.
En uno tienen apoyo para gastos de alimentos por $ 11 mil 790 pesos al mes, más de los $ 7 mil 664 pesos que ganan los trabajadores.
En uno tuvieron de aguinaldo $ 350 mil pesos, mientras los 5 mil 169 trabajadores recibieron $ 12 mil, 773 pesos, insuficientes para abonar deudas de fin de año.
El citado empleado denuncia que en 2019 se suspendieron actividades donde NO se originaron gastos por efectos de pandemia y nadie sabe dónde quedó el presupuesto millonario de ese año.
Las prestaciones laborales incluyen solo derecho a obtener casa y servicios médicos del ISSSTE después de cotizar un año fiscal, no antes.
Declara que no hay regulación válida y por lo tanto jamás ha habido una auditoría, aunado que jamás han tenido una copia de su contrato de trabajo que les permita hacer una defensa de sus derechos en caso necesario.
Algunos empleados han demandado ser reconocidos como trabajadores formales de INE y después de litigio les han reconocido sus derechos y prestaciones laborales.
Como es del dominio público, el INE ha dejado de ser juez imparcial de los procesos electorales para convertirse en empecinada oposición, al grado que el presidente de la Cámara de Diputados, -Sergio Carlos Gutiérrez Luna-, les pidió en nombre de ese poder, de la sociedad, del propio INE y por el bien de todos, abandonen esos puestos de mascarada y se conviertan en partido político.
Cd. Delicias, Chih., enero 27 de 2022.